La sigla VIS, (Vivienda de Interés Social) así de sencilla como suena, encierra dentro de su aparente simplicidad un poderoso contenido que en Colombia se ha acuñado en los últimos años para describir de manera rápida, ligera si se quiere, un concepto que compromete diferentes interpretaciones del hábitat mínimo, en este caso destinado a esa inmensa porción de la población que son las clases menos favorecidas.
A mediados del siglo pasado, los diferentes gobiernos se asomaron muy tímidamente al tema de la vivienda para las clases populares, como un problema que tarde o temprano requeriría una política de Estado. Solo hasta mediados de los años 50, con la creación de entidades como el Instituto de Crédito Territorial, el BCH y, posteriormente, la Caja de Vivienda Popular y el Inurbe (que reemplazó al ICT), se dieron pasos serios en la búsqueda de soluciones ejecutadas desde el mismo Estado para proveer de vivienda planificada a esas grandes masas de población que engrosaron rápidamente la demografía de las principales ciudades y que, por su propia dinámica de crecimiento, generaron los más graves problemas de hacinamiento, informalidad y salubridad, mediante acelerados procesos de tugurizacion, con un alto nivel de deterioro del entorno urbano y social donde se asentaron.
Los modelos adoptados, en su momento, por estas instituciones del Estado se construyeron siguiendo los preceptos de las nuevas escuelas urbanísticas en pleno auge en Europa y los países socialistas, que propendían por modelos masivos y densificados, que buscaban atajar un problema explosivo, sin perder las prioridades de lograr una “vivienda digna y un entorno sano” para las grandes masas de obreros surgidos del auge industrial de la posguerra quienes, por su parte, incluían esta premisa como objetivo central de sus luchas y reivindicaciones sociales más sentidas.
Sin embargo, en nuestro país, tempranamente, las entidades estatales se vieron desbordadas por la avalancha demográfica y los fenómenos migratorios desde el campo hacia las grandes ciudades, lo cual obligó a los gobiernos de turno a buscar nuevos esquemas que permitieran una más amplia cobertura, y un nivel de gestión mas eficiente. Fue entonces cuando se creó el esquema de los subsidios gubernamentales para la Vivienda de Interés Social, modelo que desde los años noventa ha venido funcionando en el país como motor principal en la búsqueda del manejo de la gigantesca problemática de la vivienda, con altibajos, éxitos y fracasos, pero que ha permitido involucrar, en una concertación dinámica, al Gobierno, los Constructores, las Cajas de Compensación, la Industria y un sinnúmero de entidades sociales, gremiales y populares, en un esfuerzo mancomunado por paliar el enorme déficit habitacional existente en el país.
Sin embargo, de acuerdo con las cifras reportadas por entidades como Camacol y Fedesarrollo, los avances obtenidos en materia habitacional durante los últimos años, aun están lejos de lograr sus propósitos de cobertura, y las mediciones efectuadas llevan a la cuenta que al menos la mitad de los desarrollos de urbanización consolidados en la actualidad en el país, es de carácter informal. Este es el indicador más claro de la enorme brecha que aún subsiste entre la realidad que desborda la capacidad del Estado, y lo realizado a pesar de sus buenas intenciones. De acuerdo con dichas cifras en los últimos cincuenta años se construyeron del orden de 3,2 millones de viviendas informales, con un altísimo costo para el Estado en sus procesos posteriores de formalización y conexión a las redes de infraestructura, así como su integración al tejido urbano mediante desarrollos urbanísticos forzados, en la medida que no fueron planificados, y cuya inversión hubiera sido mucho más eficiente si las soluciones se hubieran buscado tempranamente.
Según los registros del DNP, desde 1991 hasta el 2004 el número de subsidios otorgados por el Gobierno central es de 881.000, cifra que no excluye los que no han sido cobrados, y cuyo porcentaje es alto. …“De acuerdo al inventario de vivienda del DANE, serian el 35% de las viviendas construidas entre 1991 y el 2004, cifra que no deja de ser importante, pero que no ha contribuido a la disminución del déficit habitacional, ni ha quebrantado la acción de los urbanizadores piratas ...”
Eternit se ha destacado en Colombia por proporcionar al sector de la construcción materiales, como teja y tanques, de excelente calidad y durabilidad.
Esta apreciación no significa que el modelo de los subsidios haya fracasado, pero sí llama la atención sobre varios aspectos que requieren atención urgente para incrementar de manera importante la eficacia del modelo actual y sobre los cuales al Gobierno le corresponde ejercer un liderazgo fuerte y decidido que permita soslayar cada una de las diferentes barreras que se van presentando, las cuales abarcan extensos temas jurídicos y normativos. Ellos son:
La disposición de mayores recursos fiscales, amplios y suficientes, tanto a nivel del Gobierno central como de las alcaldías y gobernaciones con destino a la financiación de los subsidios.
La búsqueda de un involucramiento mucho mayor del sistema financiero en la generación de crédito social, con bajas tasas y el diseño de esquemas creativos para la generación de fondos de absorción de riesgo, que les permita adjudicar sin temor este tipo de crédito.
La adecuación de los costos parafiscales a veces incongruentes con la necesidad de reducir el costo de oferta de este tipo de solución la cual se halla en franca competencia con el urbanizador pirata y la construcción informal.
La simplificación de los trámites durante las fases de adjudicación y escrituración, en los cuales, si bien ha habido avances, no se debe olvidar que los potenciales usuarios son personas con niveles muy básicos de formación y baja capacidad económica.
La armonización de las normas de diseño con la creación de nuevos modelos por parte de los constructores, que permitan soluciones habitacionales de mejor calidad, apoyados en la utilización de materiales de construcción económicos, sostenibles y estandarizados que garanticen su eficiencia.
Una revisión a los excesos en la normatividad municipal y de los POT que en algunos casos limitan y desmotivan a los constructores para acometer este tipo de proyectos.
Después de los años aciagos para el sector constructor entre 1998 y el 2000, en los que la construcción en Colombia prácticamente “desapareció”, se produjo un proceso paulatino de recuperación en el que, especialmente en su fase inicial, la participación de la construcción de VIS se convirtió casi en el único nicho con signos de vida, adquiriendo una importancia estratégica para la supervivencia de muchos constructores e industrias de materiales de construcción, llegando incluso por primera y única vez en la historia a tener una participación mayoritaria dentro del espectro total de la actividad constructora. A partir de ese momento, durante los años 2002 y 2003 se registró una recuperación sostenida llegando a aportar un 47% del total del área de obra nueva para vivienda y solo hasta mediados del 2004 presentó síntomas de desaceleración bajando al 27%, debido, en parte, a la aparición de numerosos proyectos con valores situados ligeramente por encima de la clasificación de VIS, cifra esta que se ha recuperado en algunas ciudades pero se mantiene estática en otras, mostrando síntomas preocupantes de estancamiento debido, en gran parte, a los problemas ya enumerados y que claman urgente solución para no permitir un renacimiento de los urbanizaciones piratas y su triste secuela de barrios maltrechos abrazando a las ciudades.
Vale la pena destacar que en Colombia ha tenido mayor acogida el modelo de VIS para casas de tipo unifamiliar, el cual se apartó de los modelos populares europeos en los que predominaban los conjuntos masivos, cual grandes “ghettos” urbanos, de alta densidad, en conjuntos de torres de apartamentos con servicios sociales muy concentrados.
Por estas razones, y el alto costo de las estructuras verticales, después de complejas experiencias en diferentes ciudades especialmente en Bogotá, con casos como Ciudad Kennedy y Ciudad Bachué, donde rápidamente se pusieron de manifiesto aspectos negativos de la convivencia en comunidades altamente densificadas, se optó prioritariamente por el modelo unifamiliar, el cual a pesar del costo y la escasez crónica de tierras, en muchos casos ha sido posible desarrollar, gracias a la intervención y apoyo de las alcaldías, mediante una gestión armonizada de adquisición de tierras y la construcción oportuna de las obras de infraestructura y urbanismo, adelantándose a los urbanizadores piratas, caso en el cual un ejemplo destacable es el modelo implementado por Metrovivienda en Bogotá.
Una empresa moderna y a la altura de las exigencias de la construcción de hoy es lo que hace de Eternit una empresa modelo en el país.
Para finalizar esta reseña, deseamos destacar la presencia de Eternit en el desarrollo de la historia de la VIS en Colombia, como empresa fabricante de materiales de construcción, que ha participado intensamente de esta historia, como coprotagonista fundamental, hasta el punto que su nombre permanece en el subconsciente colectivo y se menciona de manera genérica para referirse a una cubierta de fibrocemento. Los colombianos hablan de “el Eternit” para referirse a una cubierta de fibrocemento de buena calidad, y lo hacen con gran cariño por cuanto bajo sus techos se ha escrito la historia de buena parte de sus vidas.
informacion recogida por cristhian fernando zambrano
sena 2009
tecnico oficial de construccion
